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Jóvenes narran sobre sus vidas en santuario frente al Concejo Municipal de Filadelfia

Han pasado casi ocho meses desde que Carmela Apolonio Hernández se mudó junto a sus cuatro hijos en la Iglesia del Defensor (Church of the Advocate, en inglés) en el norte de Filadelfia, declarando santuario para evitar la deportación de toda su familia a México. Read in English.

El jueves, su hija Keyri habló ante el Concejo Municipal, para explicar su infancia a todos los presentes, desde que huyó de la violencia ligada a las drogas y al crimen organizado que mataron a dos de sus primos y su tío.

“Soy una persona que, a mi edad, ha experimentado lo que es vivir en santuario, así como en un centro de detención, mientras buscaba asilo. Y no es nada fácil”, dijo la niña de 13 años en español, sollozando y secándose las lágrimas con la manga de su sudadera.

Ella recordó a una chica que conoció en el centro de detención, cuyo padre y madre habían sido asesinados; también pensó en cómo su propia madre no podía dormir porque los oficiales pasaban registro cada pocas horas.

Ahora, cuando ve lo que está sucediendo en la frontera, se acuerda de lo que ha pasado su familia desde que llegó a los Estados Unidos en 2015. “Si pueden encontrar una manera de apoyarlos, por favor, háganlo”, dijo Keyri a los miembros del concejo, quien se presentó en el ayuntamiento de Filadelfia junto a Edwin, su hermano de 9 años.

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Luego, los concejales aprobaron una resolución que solicita al Departamento de Seguridad Nacional reabrir el caso de asilo de su familia, e insta al Congreso Nacional a brindar apoyo a la madre de los niños, Carmela Apolonio Hernández, a quien se le ordenó abandonar los Estados Unidos antes del 15 de diciembre, luego que le negaran la petición de asilo que hizo para la familia.

David Bennion, el abogado que representa el caso de Apolonio Hernández, dijo que la resolución respalda sus esfuerzos de campaña para obtener un estatus migratorio legal y seguro.

“Incluso cuando la ciudad de Filadelfia no puede otorgar un apoyo directo al caso de Carmela, están mostrando solidaridad con ella y su familia, y pidiendo a otros funcionarios electos a nivel federal que actúen”, dijo Bennion.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, en inglés) solicitó la deportación de toda la familia, mientras su caso sigue pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, dijo Bennion.

Hernández, quien no participó en la sesión del concejo municipal para evitar la persecución de ICE, envió una declaración en su ausencia, agradeciendo a la concejal Helen Gym por presentar la resolución, y solicitó el apoyo del Senador de los Estados Unidos por Pensilvania Bob Casey Jr. y del Gobernador Tom Wolf. En abril de este año, el legislador Bob Brady presentó un proyecto de ley para proteger a las familias indocumentadas de la deportación.

La Reverenda Renee McKenzie, la pastora que recibió a la familia en la Iglesia del Defensor en diciembre pasado, dijo que su mayor preocupación es que los niños tengan un futuro seguro. “Hacemos que su estadía sea lo más cómoda posible, pero es vergonzoso ver cómo toda esa energía se desgasta dentro del edificio”.

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